Flor María Soto fue víctima de violencia doméstica. Luego de permanecer durante 10 años en una relación violenta, en 1991, dos años después de aprobarse la Ley 54, Soto decidió denunciar a su pareja, con quien había concebido dos hijos. En su interior, sabía que no tenía por qué seguir sufriendo.

En venganza por la denuncia, su pareja secuestró a sus hijos y, cuando ella fue a buscarlos, el hombre sacó la pistola, los mató frente a ella y se suicidó. Las últimas palabras que escuchó Soto de su hija fueron: “Mami, vete que te va a matar”.

Así lo describió la sobreviviente de violencia de género, en el foro “La violencia que nos arropa, ¿qué hacemos?” de la Fundación Luis Muñoz Marín, celebrado el pasado 21 de marzo.

“Yo le exhorto a las mujeres que estén pasando por violencia que no esperen más, que no se conviertan en una estadística más”, insistió Soto, haciendo énfasis en que “cuando el hombre dice que va a matar, mata”.

Para la licenciada Esther Vicente, aunque la Ley 54 cumple 30 años en agosto de este año, aún no se ha visto una reducción significativa de los casos. “A pesar de que tenemos una de las leyes más completas de violencia de género, no vemos un cambio en la incidencia de la violencia”, dijo la licenciada, quien fue parte de la redacción de esta ley para la prevención e intervención contra la violencia doméstica.

El foro fue moderado por Mercedes Rodríguez López. Foto: Sofía V. Rico Maldonado.

“Los llamados a implantar la ley no han podido responder al reto”, opinó Vicente. La también vicepresidenta de la Comisión de Derechos Civiles planteó que es necesaria la aportación de los jueces, fiscales, vecinos, la comunidad y la iglesia en el proceso.

Según expresó la licenciada, el Estado tiene el deber de llevar a cabo la debida diligencia para proteger a las víctimas de violencia de género, de acuerdo a la Comunidad Internacional ante los Derechos Humanos.

“La intervención de la Policía puede fallar, y a veces la vida de la mujer se pone en un peligro mayor cuando se denuncia al hombre”, explicó la psicóloga Mercedes Rodríguez López.  

Por su parte, la directora de la organización feminista Taller Salud, Tania Rosario, destacó que el Estado tiene un deber importante: la educación con perspectiva de género para reducir la violencia.

“Para alcanzar la igualdad de género debemos tener tres cosas: educación con perspectiva de género, un mejor sistema de protección y mejorar la situación económica para las mujeres”, manifestó Rosario.

De igual forma, la psicóloga sostuvo que “la educación con perspectiva de género es un remedio poderoso para cambiar un pueblo”. Rodríguez López mencionó que cuando una persona intenta salir de una relación violenta, la víctima debe tener el apoyo de sus familiares o amigos.

Vicente comentó que el promedio de tiempo en el que una mujer permanece dentro de una relación violenta fluctúa entre seis a 10 años y destacó que “todos podemos aportar para poner la responsabilidad donde va, que es en el agresor, no en la víctima”.

La licenciada afirmó que la violencia de género se puede erradicar porque no viene en la genética del agresor. “La violencia es una conducta aprendida que se puede desaprender”.

Tras vivir la tragedia de perder a sus hijos a manos de la violencia doméstica, Soto decidió rehacer su vida con un nuevo norte. Estudió Justicia Criminal y trabajó durante 15 años como consejera de mujeres sobre la violencia de género. En la actualidad, continúa ofreciendo charlas y consejería de manera voluntaria, agarrada de su hija Génesis.